La Política Interior

México es una nación que ha decidido emprender una transformación profunda, con la visión puesta en el futuro, congruente con su historia y fiel a los principios básicos que le han dado fortaleza y cohesión.

El 2 de julio del año 2000 la mayoría de los mexicanos emitió, mediante su voto, un mandato de cambio que exigía difundir las formas democráticas en el ejercicio del poder público y que convocaba a construir una plena gobernabilidad democrática. Hoy, el reto obliga a avanzar en nuestro proceso de transición para consolidar una democracia legítima, genuina y duradera.

Los mexicanos hemos emprendido un proceso de transición que no se concreta en un solo día ni es tarea encomendada a unos cuantos. Por el contrario, ha sido una labor de trascendencia histórica que exige continuidad en el esfuerzo de todos. El Ejecutivo federal seguirá poniendo en práctica formas democráticas de ejercicio del poder público que tiene encomendado.

El camino hacia la democracia plena pasa necesariamente por la ruta cierta, pacífica y legítima que se deriva de la vigencia del Estado de derecho. Por ello, el Poder Ejecutivo tiene, entre sus obligaciones fundamentales, la de apegar sus actos a lo dispuesto por los preceptos constitucionales.

Hoy, la fuerza que respalda la acción del Estado es la que se deriva de la legitimidad que da el derecho.

Toda sociedad democrática se basa en el respeto a la dignidad de las personas y en el reconocimiento de sus derechos fundamentales.

Será compromiso del Ejecutivo respetar y hacer respetar, de manera invariable, los derechos esenciales de cada hombre y de cada mujer.

Las libertades y derechos políticos constituyen otras de las premisas a partir de las cuales se construye todo sistema democrático.

El México democrático que todos queremos es incluyente, tolerante y respetuoso del derecho de todos y cada uno de sus ciudadanos de expresar y promover sus ideas e intereses legítimos.

De ahí el compromiso del Ejecutivo de respetar y alentar el ejercicio de las libertades y derechos políticos. El Ejecutivo contribuirá, en la esfera de sus atribuciones, al fortalecimiento del sistema de partidos y a profundizar la interacción de las organizaciones sociales con la administración pública federal.

La nueva política interior obliga a una conducción que, privilegiando el derecho y sin negociar jamás la ley, sea promotora del diálogo civilizado dirigido a construir acuerdos entre los actores políticos y sociales, como vía para encontrar soluciones a los conflictos y para promover el bien común.

El camino de las convergencias y la suma de voluntades es vía idónea para lograr pactos y reformas que nos permitan asegurar la realización de acciones de gobierno en favor del interés público.

En consecuencia, el Ejecutivo pondrá especial empeño en propiciar el diálogo productivo con los partidos políticos y con las organizaciones sociales.

Nuestro país requiere instituciones fuertes, acordes con su circunstancia histórica y congruentes con la realidad. En razón de ello, el Ejecutivo ha decidido impulsar la reforma del Estado. Una de las vías será la promoción de un proceso de revisión integral de nuestra Constitución; es necesaria una revisión exhaustiva, crítica y plural para arribar a una reforma que brinde un nuevo diseño institucional capaz de superar las insuficiencias legales acumuladas a lo largo de décadas.

En el México moderno el ejercicio de la política es una tarea de responsabilidad compartida: del gobierno con los ciudadanos, del Estado con la sociedad civil, de la Federación con las entidades federativas y municipios, de la mayoría gobernante con las demás fuerzas políticas, así como del Ejecutivo federal con los poderes Legislativo y Judicial de la Unión.

Un principio fundamental que guiará la acción del Ejecutivo será fortalecer la interacción fructífera y respetuosa con los otros poderes de la Unión.

Respetará, tal como lo manda la ley, sus ámbitos de acción así como sus espacios de autonomía.

Trabajará para propiciar el fortalecimiento de las facultades que la Constitución les otorga, así como para consolidar esquemas de corresponsabilidad en la toma de decisiones que hagan frente a los desafíos nacionales.

La transferencia de responsabilidades, atribuciones y recursos de la Federación a las entidades federativas y municipios constituye una redistribución del poder, en la medida que fortalece a las autoridades tanto locales como municipales y acerca los procesos de toma de decisiones a la población, depositándolos en aquellas instancias de gobierno más inmediatas.

México necesita avanzar, con plena convicción federalista, hacia una coherente arquitectura de gobiernos, que reconozca su espacio a las autoridades locales y potencie las oportunidades en las distintas regiones del país, bajo las premisas de subsidiariedad, solidaridad, resarcitoriedad, desarrollo regional equilibrado, unidad nacional y eficacia. La transformación de la cultura política mexicana debe continuar.

Por ello, el Ejecutivo contribuirá a difundir la cultura democrática con el fin de que los ciudadanos sean poseedores de valores, información, conocimientos, prácticas, actitudes y habilidades que les permitan construir su destino individual y comunitario, así como desenvolverse de manera activa, informada y responsable en la defensa y promoción tanto del interés público, como de intereses legítimos particulares y de grupo. La democracia requiere una intensa participación ciudadana.

El Ejecutivo promoverá nuevos cauces y medios de expresión para que las personas se involucren en el diseño, ejecución, supervisión y evaluación de las políticas públicas. El libre flujo de la información es consustancial a la democracia.

La administración pública federal seguirá respetando, tal como lo manda la ley, las libertades de expresión y de prensa. Lo hará independientemente de que las opiniones se formulen y difundan desde una perspectiva crítica a la actuación o al desempeño del Poder Ejecutivo Federal.

El Ejecutivo continuará abriendo espacios de reflexión en torno a los procesos de modernización de los medios electrónicos de comunicación.

La administración pública federal tiene la obligación de informar sobre las principales acciones realizadas, explicando las razones a las que responden y los valores que las inspiran. La política de comunicación social contribuirá a que la ciudadanía esté mejor informada, de manera que pueda evaluar el desempeño de su gobierno y exigir una rendición de cuentas a las autoridades que lo conforman.

El Ejecutivo federal asume plenamente su responsabilidad de dar acceso a los ciudadanos que lo soliciten a la información de interés público contenida en documentos elaborados por fuentes oficiales. Para ello propondrá la actualización del marco jurídico correspondiente y contribuirá a la modernización de los sistemas con los que operan los archivos que resguardan y catalogan la información elaborada por instancias gubernamentales oficiales.

Como todo Estado democrático moderno, el Estado mexicano necesita contar con sistemas de inteligencia para garantizar la seguridad nacional y hacer frente a riesgos y amenazas que atenten contra el bienestar y la paz de su población, pongan en peligro la permanencia de las instituciones del Estado o vulneren la integridad de su territorio.

El Ejecutivo federal contribuirá, de manera decidida, a que los intereses vitales del Estado mexicano estén debidamente protegidos mediante instituciones sometidas a escrutinio institucional y que realicen su actividad conforme a un marco normativo específico.

El Ejecutivo profundizará el primer paso dado por el H. Congreso de la Unión al incluir en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal la atribución, a cargo de la Secretaría de Gobernación, de establecer y operar un sistema de investigación e información que contribuya a preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano y de sus instituciones democráticas.

En el marco de los principios constitucionales de libertad de creencias y de culto, laicidad del Estado y separación de éste y las iglesias, el Ejecutivo continuará reconociendo la personalidad jurídica de las asociaciones religiosas y promoverá su desarrollo en un clima de tolerancia entre las iglesias y de colaboración con las mismas en beneficio de la sociedad mexicana.

Con pleno respeto a los derechos de las mexicanas y los mexicanos, el Ejecutivo federal promoverá una política poblacional que contribuya, mediante acciones de coordinación, programas de información y una amplia participación ciudadana, a hacer compatibles el crecimiento demográfico, la distribución territorial de la población y el desarrollo sustentable.

l Ejecutivo impulsará la modernización del sistema de registro de las personas residentes en el país y de los mexicanos que radican en el extranjero, por medio de acciones de coordinación con el Registro Civil y aplicando las normas y procedimientos técnicos idóneos.

El Ejecutivo federal aumentará la capacidad preventiva del Sistema Nacional de Protección Civil y mitigará los efectos de los desastres, a partir de una mayor coordinación de esfuerzos intergubernamentales y de la promoción de la corresponsabilidad ciudadana.

El Ejecutivo impulsará la transformación institucional de la dependencia que tiene a su cargo la conducción de la política interior, a fin de que se encuentre en mejores condiciones para promover la gobernabilidad democrática en el país.

La política interior es espacio desde el cual se garantiza la seguridad nacional y se procesan eficazmente demandas y planteamientos de los actores políticos.

Cumple el propósito fundamental de propiciar un entorno favorable no sólo para el desarrollo político, sino también para el crecimiento económico con calidad y para el desarrollo social y humano.

Mediante las acciones de política interior se crean condiciones favorables para que los actores políticos, económicos y sociales desplieguen su actividad.